España es el tercer país de Europa con más pleitos

El funcionamiento de la Justicia es uno de los principales factores que tienen en cuenta los inversores cuando deciden invertir en un país. Además de una legislación clara y bien diseñada, la aplicación de la misma en un plazo razonable en caso de conflicto puede ser clave para las operaciones económicas. Así lo entiende el Banco de España, que ha publicado recientemente un estudio sobre el funcionamiento del sistema judicial en diferentes países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), elaborado por la Dirección General del Servicio de Estudios. Según señala la investigación, el número de litigios que son llevados a los tribunales en un país es señal de la frecuencia de los conflictos entre los ciudadanos y las empresas de ese territorio, y es muestra también del volumen y la complejidad de las transacciones en la economía, la calidad de las relaciones sociales o la eficiencia y la integridad de la Administración pública. En este sentido, España presenta una tasa de litigiosidad per cápita elevada en comparación con otros países de la OCDE, siendo la tercera más alta de los países incluidos en este estudio. Así, mientras que en Finlandia, país mejor posicionado, litiga una persona de cada 300, y en Rusia, uno de cada diez, en España la cifra es de algo más de cuatro casos por cada cien habitantes. Existen diversos factores que influyen en la litigiosidad. El informe explica cómo, por ejemplo, un mayor peso de la agricultura y de los servicios respecto de la industria está relacionado con

mayores tasas de litigación. Esto se explicaría, según sostiene el Banco de España, por el hecho de que "los contratos en el sector servicios suelen ser más incompletos que en el sector industrial o porque la producción del sector agrícola está sujeta a un mayor número de circunstancias no previsibles o controlables mediante un contrato (por ejemplo, la climatología), en comparación con otros sectores". Otro factor que influye en la litigación es la posición cíclica de la economía, ya que "durante una crisis 

los agentes económicos tienen más dificultades para cumplir sus contratos y las empresas tienen más probabilidades de experimentar dificultades financieras". También tiene incidencia en el número de asuntos que llegan a los tribunales la cantidad y la calidad de la normativa, de tal forma que la tasa de litigiosidad disminuye si la regulación es más clara. Finalmente, la disponibilidad de procedimientos alternativos para resolver los conflictos fuera de los tribunales, tales como la conciliación, la mediación o el arbitraje, ayuda a reducir los litigios en los tribunales. Además, en el caso de los conflictos mercantiles, tanto el arbitraje como la mediación o la conciliación tendrían un coste menor que la utilización del sistema judicial, según defiende el estudio. Pero no todo son malas noticias para nuestro país. El estudio pone de manifiesto que el tiempo de respuesta de los tribunales es razonable, en comparación con los de países de nuestro entorno. Según el informe, la duración media global de la primera instancia es de 238 días. España, con una duración de 272 días, estaría por encima de esta media, pero con una duración algo menor que Francia (274) o que Inglaterra y Gales (350), y lejos de Portugal, donde la primera instancia supone una espera de 425 días, o Italia, con 464. Además cabe destacar que, aunque lo habitual es que los países en los que la duración de los procedimientos en primera instancia es más larga se caracterizan también por duraciones elevadas en segunda instancia, en España no sucede así. La segunda instancia reduce sus tiempos hasta los 189 días y es más eficiente que en Francia, por ejemplo, donde se debe esperar 343 días para obtener una resolución, según los datos del informe.